miércoles, 21 de abril de 2010

Rubalcaba es responsable de la politización de la Policía

El PP defiende las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a la utilización política que lleva a cabo el ministro Rubalcaba
El Gobierno está utilizando políticamente la Policía y la Fiscalía para que en términos mediáticos se plantee una agresión al Partido Popular


A un exministro popular se le investigó sólo con fines mediáticos, cerrándose la investigación finalmente sin más explicación.

La fiscalía y el gobierno socialista siguen sin explicar las constantes filtraciones de sumarios secretos y de informes policiales desechados por la justicia.



Todas las actuaciones contra miembros del PP se dirigen desde la misma unidad policial dependiente de Rubalcaba y formada por cargos de su confianza.

  • Los informes policiales parten de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que Rubalcaba dirige directamente a través de José Luis Oliveras.

  • Es la misma Unidad que ha hecho informes policiales desestimados por la justicia contra los dirigentes regionales del PP en Canarias, Murcia, Valencia y ayuntamientos de Andalucía.

  • La misma UDEF elaboró los informes contra el presidente del PP de Canarias que fueron desechados por la justicia en mayo de 2009, con el archivo de la causa.
El gobierno de Zapatero ha modificado el Catálogo de puestos de Trabajo para colocar a personas de confianza en la cúpula policial.


  • El gobierno del PSOE ha aumentado un 25% el número de cargos de libre designación en la Policía y ahora todos los comisarios e inspectores jefe son nombrados a dedo, bajo la justificación de que deben ser "cargos de confianza".
La camarilla policial de Rubalcaba también está detrás del chivatazo a ETA del caso Faisán.


  • Tras intentar obstaculizar la investigación y que la fiscalía archivara el caso, Rubalcaba sigue sin dar explicaciones sobre las responsabilidades de los altos cargos como el entonces Director General de la Policía, el político socialista García Hidalgo.
El PP exige al Gobierno que mantenga los principios de independencia y profesionalidad en los nombramientos de la Policía