Zapatero es responsable de la crisis institucional que padece España

El gobierno de Zapatero calla ante las presiones contra el Tribunal Constitucional.

• El presidente socialista Montilla ha cuestionado la “legitimidad ética, política, moral” de los magistrados.

• El TC ha sido elegido por todos los españoles a través de las Cortes, por el CGPJ y por el gobierno.

Zapatero es el responsable de que no se haya renovado todavía el Tribunal Constitucional.

• Fue Zapatero quien hizo una ley para prorrogar -una ley para una persona- el mandato de la presidenta del TC.

• Fue Zapatero quien se negó en 2008 a renovar el TC: el PP se lo pidió y planteó nombres que Zapatero vetó sin dar la posibilidad de proponer otros.

Zapatero engañó a los ciudadanos de Cataluña cuando dijo que aceptaría cualquier Estatuto que allí se aprobara porque lo cambió él en La Moncloa, exclusivamente y con un dirigente político.

• El recurso al TC no es sólo iniciativa del PP sino que el Estatut está recurrido por el Defensor del Pueblo y varios gobiernos autonómicos, algunos socialistas, como el de Aragón.

No se puede cambiar el árbitro en mitad del partido porque no guste el resultado.

• Si se cambia el TC antes de la sentencia, supondría el fin de su independencia. El principio básico del Estado de Derecho es acatar las decisiones de los tribunales nos gusten o no nos gusten.

Miembros del gobierno socialista apoyan las presiones intolerables contra el Tribunal Supremo.

• Los que atacan al Supremo sustituyen el imperio de la ley por la justicia privada.

• El respeto a la independencia del Tribunal Supremo garantiza nuestra libertad, nuestra democracia y nuestros derechos.

El gobierno usa la Fiscalía General como fiscalía gubernamental.

• La fiscalía utiliza una doble vara de medir en los casos que afectan a responsables políticos.

• Fernández de la Vega anunció el recurso contra el archivo de la causa contra Camps, antes de que la fiscalía lo presentara.

Rubalcaba aumenta un 25% los cargos de libre designación de la policía: en un Estado de Derecho la politización de la policía es una amenaza.